La Unión Europea ha expresado una creciente preocupación sobre el modo en que la digitalización de los sistemas judiciales, pese a aportar eficiencia y accesibilidad, puede generar riesgos relevantes para la protección de derechos fundamentales si no se implementa con las garantías necesarias. Un informe reciente de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) examina estos desafíos y plantea un conjunto de recomendaciones dirigidas a gobiernos y operadores jurídicos.
Un proceso imparable, pero no exento de riesgos
En los últimos años, tribunales y administraciones de justicia europeos han acelerado la adopción de herramientas tecnológicas: audiencias por videoconferencia, plataformas online para denuncias o consultas, sistemas automatizados de reparto de asuntos, inteligencia artificial para transcripciones y análisis documental, entre otros avances.
Aunque la mayoría de profesionales judiciales encuestados valoran positivamente el salto digital, el informe advierte que su integración, si se hace sin enfoque de derechos humanos, puede erosionar principios como el acceso universal a la justicia, la igualdad ante la ley o el derecho a un juicio justo.
Principales amenazas identificadas
La FRA advierte que la brecha digital sigue siendo uno de los factores que más puede afectar al acceso a la justicia. Personas mayores, migrantes, ciudadanos con pocos recursos o usuarios sin habilidades tecnológicas corren el riesgo de quedar excluidos si los procedimientos se trasladan exclusivamente al entorno digital. La digitalización, señala el informe, no garantiza automáticamente la igualdad en el acceso a derechos, y puede incluso ampliarla si no se acompaña de medidas compensatorias.
También se subraya el riesgo de que los sistemas basados en inteligencia artificial introduzcan sesgos difíciles de detectar. Herramientas que analizan documentos o ayudan a organizar procesos judiciales pueden influir en decisiones o valoraciones sin que el usuario entienda cómo se han generado los resultados. La falta de transparencia técnica plantea dudas sobre la imparcialidad y la fiabilidad de estos sistemas.
A esto se suma la preocupación por la protección de datos personales. La información que manejan los tribunales es especialmente sensible y su digitalización aumenta la exposición a fallos de seguridad o accesos indebidos. Para la FRA, el riesgo es significativo si los sistemas no incluyen garantías robustas desde su diseño.
El informe también señala que los juicios telemáticos pueden afectar al derecho de defensa. Problemas de conexión, dificultades para comunicarse con el abogado o la pérdida de elementos no verbales en los testimonios pueden alterar la calidad de la participación en un proceso. Esto genera situaciones en las que la tecnología influye directamente en la equidad del procedimiento.
Recomendaciones estratégicas
La FRA insiste en que los Estados deben garantizar que existan siempre alternativas no digitales para quienes no puedan o no deseen usar herramientas tecnológicas. Mantener vías presenciales o analógicas no solo es una medida de accesibilidad, sino una obligación para preservar el derecho fundamental a la justicia. La digitalización no debe funcionar como un filtro que determine quién puede o no ejercer sus derechos.
El informe propone además que los sistemas digitales se diseñen con un enfoque inclusivo. Esto implica incorporar desde el inicio a expertos en derechos humanos, autoridades de protección de datos y representantes de colectivos vulnerables. Su participación permite detectar fallos de diseño y evitar que las herramientas generen nuevas formas de discriminación.
La FRA considera esencial que jueces, fiscales, abogados y funcionarios reciban formación específica sobre los riesgos y limitaciones de las nuevas tecnologías. No basta con saber utilizar las herramientas; es necesario comprender cómo pueden afectar a la equidad, la privacidad o la imparcialidad.
Finalmente, la agencia aconseja que todas las tecnologías aplicadas al ámbito judicial pasen por evaluaciones de impacto en derechos fundamentales. Además, recuerda que las plataformas deben ser accesibles también para personas extranjeras o no residentes, que a menudo quedan excluidas si se exige documentación propia del país o credenciales locales.
Un reto para el futuro de la justicia europea
La FRA concluye que la digitalización no es incompatible con la protección de derechos fundamentales, pero únicamente si se diseña bajo un enfoque inclusivo y centrado en la ciudadanía. La transición tecnológica del ámbito judicial, señala, debe servir para reforzar garantías y no para debilitarlas.
En un contexto donde la digitalización es inevitable, la Unión Europea advierte que el verdadero desafío será evitar que la modernización genere nuevas desigualdades y asegurar que el acceso a la justicia siga siendo un derecho universal, efectivo y equitativo.