En un gesto significativo, el Gobierno de Venezuela ha procedido a la liberación de varios presos españoles en sus cárceles, un movimiento que se ha interpretado como un esfuerzo unilateral por mejorar relaciones internacionales. Esta medida, anunciada por el régimen de Nicolás Maduro, se materializó inicialmente el jueves 8 de enero de 2026, con la liberación de cinco ciudadanos españoles, quienes regresaron a España al día siguiente.
Los primeros liberados fueron los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, acusados de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el canario Miguel Moreno Dapena, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel, una activista con doble nacionalidad. Estas liberaciones fueron vistas como un gesto de buena voluntad dentro de un contexto más amplio de excarcelación que también incluyó a otros detenidos políticos.
El lunes 12 de enero, el proceso continuó con la liberación de tres personas más, incrementando el número total de españoles liberados a nueve. De estos últimos liberados, uno ha decidido permanecer en Venezuela, otro se ha trasladado a España inmediatamente, mientras que el tercero aún está evaluando sus opciones de destino. Este proceso de liberación se produjo en un marco de expectativas e incertidumbres respecto a las relaciones bilaterales entre ambos países.
El Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, calificó las liberaciones como un “paso muy positivo” hacia el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y reconoció el papel discreto desempeñado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que no actuaba oficialmente en nombre del Gobierno español.
Esta serie de excarcelaciones se sitúa en un contexto mayor de liberaciones por parte del Gobierno venezolano. En total, se han liberado 116 detenidos, de los cuales 73 han sido identificados como presos políticos, según el organismo venezolano Justicia, Encuentro y Perdón. Estas liberaciones forman parte del complicado panorama político que sigue a las elecciones del 28 de julio de 2024. A pesar de estos esfuerzos, el Foro Penal reportaba aún la existencia de 863 presos políticos hasta diciembre de 2025, lo que indica el camino pendiente en el ámbito de los derechos humanos en Venezuela.
Aunque el número de presos españoles en Venezuela inicialmente se estimaba en 56, muchos de ellos con doble nacionalidad, la liberación de estos nueve ciudadanos es vista como un progreso en medio de las tensiones políticas y diplomáticas. Este acontecimiento reviste especial interés no solo para las familias afectadas, sino también para la comunidad internacional que observa de cerca los pasos que pueda seguir Maduro para mejorar su imagen y sus relaciones exteriores.
En definitiva, la liberación de estos ciudadanos españoles es parte de un mosaico más amplio de gestos que pretenden influir positivamente en el tablero político y diplomático, y, aunque los desafíos persisten, este acto concreto es recibido con cauteloso optimismo por parte de las autoridades españolas y organismos internacionales.